ORDEN PEJ/179/2025, de 9 de febrero, por la que se declara, en concreto, la utilidad pública de la instalación "Parque Eólico Las Mareas I", ubicada en el término municipal de Mequinenza, promovida por la mercantil Green Capital Development, 68 SLU. Expediente: DUP-Z-2022-0023 G-EO-Z-2020-280.

Publicado el 19/02/2025 (Nº 34)
Sección: III. Otras Disposiciones y Acuerdos
Emisor: VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO Y DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y JUSTICIA
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Texto completo:

Examinado el expediente relativo a la solicitud de la declaración de utilidad pública de la instalación "Parque Eólico Las Mareas I", ubicada en el término municipal de Mequinenza, promovida por la mercantil Green Capital Development SLU, expediente DUP-Z-2022-0023 G-EO-Z-2020-280, constan los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.- Mediante Resolución de 27 de octubre de 2023, de la Directora General de Energía y Minas del Departamento de Economía, Empleo e Industria ("Boletín Oficial de Aragón", número 228, de 27 de noviembre de 2023), se otorga autorización administrativa previa y de construcción de la instalación de la infraestructura.

Segundo.- Con fecha 31 de julio de 2023, se solicitó declaración de utilidad pública por parte la mercantil Green Capital Development 68, SLU, para la instalación "Parque Eólico Las mareas I" ubicada en Mequinenza. El promotor aportó la relación de bienes y derechos afectados considerados de necesaria expropiación, identificando las afecciones para cada uno de ellos.

Tercero.- La solicitud de declaración de utilidad pública se sometió a información pública, insertándose anuncio en prensa el 21 de agosto de 2024 y en el "Boletín Oficial de Aragón", número 162, de 21 de agosto de 2024.

Fue enviada notificación al Ayuntamiento e individuales a todos los afectados titulares según los datos contenidos en el Catastro Inmobiliario.

Durante la fase de información pública, se trasladó la documentación técnica aportada por el promotor, a las distintas administraciones, organismos, empresas de servicio público o de servicios de interés general, cuyos bienes han resultado afectados en el expediente, sin que se haya recibido notificación.

En relación a los organismos que no han emitido informe, se considera que no existe objeción conforme al artículo 146 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

Cuarto.- Durante el trámite de información pública se recibieron las siguientes alegaciones:

A1 presentada por B88493614 y A2 presentada por 73157447J.

Las alegaciones fueron contestadas por la empresa beneficiaria y, posteriormente, el Servicio Provincial de Zaragoza realizó las oportunas consideraciones que constan en el informe emitido por ese órgano, en fecha 27 de noviembre de 2024.

Quinto.- El Servicio Provincial de Zaragoza ha emitido informe sobre la tramitación del procedimiento, recogiendo los trámites establecidos en la legislación de aplicación e informando favorablemente el reconocimiento, en concreto, de la declaración de utilidad pública de la instalación. El anexo del informe determina la relación de bienes y derechos que es considerada de necesaria expropiación.

Fundamentos jurídicos

Primero.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto-ley 2/2016, de 30 de agosto, de medidas urgentes para la ejecución de las sentencias dictadas en relación con los concursos convocados en el marco del Decreto 124/2010, de 22 de junio, y el impulso de la producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica en Aragón: "Corresponderá acordar la declaración de utilidad pública, cuando legalmente proceda, al titular del Departamento competente en materia de energía, sin perjuicio de la competencia del Gobierno de Aragón en caso de oposición de organismos u otras entidades de derecho público". En este caso y en la actualidad, corresponde a la Vicepresidenta y Consejera de Presidencia, Economía y Justicia, previa tramitación del expediente por el Servicio Provincial de la provincia en la que se ubique la instalación, acordar la declaración de utilidad pública de la misma.

Según el apartado primero del citado precepto, "La expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para la ejecución de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica y el establecimiento e imposición y ejercicio de la servidumbre de paso se regirán por lo establecido en la legislación estatal".

Segundo.- El artículo 54 de la Ley 24/2013, 26 de diciembre del Sector eléctrico (en adelante, LSE), declara "de utilidad pública las instalaciones eléctricas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso", exigiendo para su reconocimiento que "la empresa interesada lo solicite, incluyendo el proyecto de ejecución de la instalación y una relación concreta e individualizada de los bienes o derechos, que el solicitante considere de necesaria expropiación" (artículo 55 LSE).

En cuanto a sus efectos, el artículo 56 LSE dispone que la declaración de utilidad pública "llevará implícita en todo caso la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados, e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa", y "supondrá el derecho a que le sea otorgada la oportuna autorización, en los términos que en la declaración de utilidad pública se determinen, para el establecimiento, paso u ocupación de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de las Comunidades Autónomas, o de uso público, propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública".

La regulación de la servidumbre de paso y las limitaciones a su constitución, se contiene en los artículos 56 y 57 de la Ley del Sector Eléctrico. Preceptos que también son desarrollados por el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

Tercero.- En el expediente instruido al efecto, se han cumplido los trámites de procedimiento establecidos en el Decreto-ley 2/2016, de 30 de agosto, en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y demás normas vigentes de aplicación.

Cuarto.- Con respecto a las alegaciones presentadas durante el período de información pública, visto el contenido de las mismas y las respuestas del promotor, así como el informe del Servicio Provincial de Zaragoza, que se da por reproducido en esta Orden, es necesario señalar lo siguiente:

Alegación A1.

Sobre el procedimiento la alegante expone: Que es promotora del parque fotovoltaico Ribarroja y que, el 9 de diciembre de 2020, registró la documentación necesaria para la tramitación de la autorización administrativa previa, la Autorización Administrativa de Construcción y la declaración de utilidad pública conjunta. Indica las fechas de admisión, de inicio de tramitación de la declaración de utilidad pública, de paralización de la misma y de su reanudación, obteniendo Autorización Previa y de Construcción el 15 de diciembre de 2023. Indica que la empresa Green Capital Energy 68, SLU promociona el Parque Eólico Las Mareas I, con expediente G-EO-Z-2020-280, cuya solicitud de declaración de utilidad pública ha sido anunciada en el "Boletín Oficial de Aragón", número 162, de 21 de agosto de 2024. Dicho parque eólico utiliza la infraestructura de expediente AT-2020-267 para su evacuación. Se persona en el procedimiento de información pública de la solicitud de utilidad pública de la instalación con expediente G-EO-Z-2020-280 y procede a realizar las siguientes alegaciones:

1. Considerando el contenido del Artículo 71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se hace necesario conocer la fecha de solicitud de declaración de utilidad pública del expediente G-EO-Z-2020-280, Parque Eólico Las Mareas I, para poder establecer el orden de prelación administrativa, respecto a la solicitud de declaración de utilidad pública del expediente G-SO-Z-284-2020 parque fotovoltaico Ribarroja, promovido por el alegante.

Solicita que se clarifique la citada fecha y que, en caso de que el parque fotovoltaico RIBARROJA goce de prelación administrativa respecto al Parque Eólico Las Mareas I, se paralice totalmente la tramitación del expediente del Parque Eólico Las Mareas I hasta la resolución de la declaración de utilidad pública del parque fotovoltaico Ribarroja.

La empresa promotora considera: Se debe indicar que la alegante no está afectada en forma alguna por el proyecto por lo que no puede ser parte en el trámite en que nos hallamos.

La fecha de presentación de la solicitud y admisión a trámite es anterior a la de la alegante, reconociéndose en su propia resolución de autorización administrativa de construcción, que esta parte ya posee dicha autorización.

Carece de sentido la comparativa de proyectos que no tienen relación, solapamiento o competencia. Se reitera que la alegante carece de toda legitimación activa en el presente procedimiento y no es interesada en el mismo.

A la vista de la alegación esta Administración considera: El artículo veinte de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre Expropiación Forzosa, refiere la condición de interesado, dentro del procedimiento, a las personas definidas en los artículos tercero y cuarto. En concreto: propietarios o titulares del derecho objeto de expropiación, que consten en registros públicos, así como posibles arrendatarios, acreditando esta condición de forma debida.

Con relación a las fincas que fueron publicadas en la relación de bienes y derechos afectados como anexo en el Anuncio de inicio de procedimiento ("Boletín Oficial de Aragón", número 162, de 21 de agosto de 2024), la alegante no aporta documentación justificativa que demuestre la condición anterior para ninguna de ellas.

En consecuencia, no se considera legitimada la alegante, dentro del procedimiento en curso.

Alegación A2.

En relación a las afecciones de las parcelas 50166A01500695 y 50166A01500182 (polígono: 15, parcelas: 695 y 182, municipio: Mequinenza).

El alegante expone: Describe las afecciones de servidumbre de paso para vigilancia y conservación en dos parcelas de su propiedad. Considera que el inicio del expediente no está ajustado a derecho y es lesivo para sus intereses, por lo que presenta las siguientes alegaciones:

1. Fraude de ley propiciado por la actuación del promotor y ausencia de buena fe en las negociaciones mantenidas. El promotor solicita la expropiación de unas fincas sobre las que no ha querido negociar un contrato justo, presentando una oferta antieconómica que no supera los costes de gestión del mismo. Se propuso la capitalización de las cantidades ofrecidas, pero el promotor pretendió reducir el importe en un alto porcentaje. El promotor conculca el principio de buena fe, al haber incluido las parcelas en un proceso de expropiación, lo que supone un fraude de ley y un abuso de derecho, considerando la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2007 y el juicio de proporcionalidad en el ejercicio de la potestad expropiatoria, incluido por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 48/2005, de 3 de marzo.

2. Discrepancia entre el objeto de expropiación y el objeto de la oferta realizada. En la oferta solo se incluía servidumbre de vuelo, pero en el procedimiento se incluye el acceso a la finca (servidumbre de paso para vigilancia). El alegante plantea un importe que permite obtener rentabilidad económica -utiliza una gestoría- y afirma que, en caso de que no haya acuerdo, remitirá a la promotora su propio contrato adaptado a las afecciones objeto de expropiación a modo de oferta vinculante.

Finalmente, solicita se admita su escrito y se tengan por formuladas las alegaciones contenidas en el mismo.

La empresa promotora considera: Se niega de plano la falta de buena fe en la negociación, como se plasmó en los correos intercambiados, donde se envían por esta parte diversas ofertas para llegar a un acuerdo, las cuales fueron todas rechazadas o ignoradas. La contraparte exige casi el doble de lo previsto, precio totalmente desmesurado y alejado del de mercado. La contraparte ha exigido el mismo precio variando la motivación para exigirlo, teniendo una cifra económica en mente y no queriendo moverse un ápice de esta.

Respecto a la oferta antieconómica en base a un presupuesto de una gestoría, carece de sentido por cuanto no es preceptivo el uso de gestoría para la liquidación de un impuesto, pudiendo ampararse en la administración en caso de dudas.

La cuantía ofertada en capitalización no es un capricho negociador de esta parte, sino la aplicación de una fórmula matemática existente y utilizada al efecto. A más cuando esta parte superó en más del doble el límite que tiene de la cuantía inicial máxima a capitalizar, aun sabiendo lo penalizante que es hacerlo en esta fase de desarrollo de los proyectos, en que los mismos no están en explotación y por tanto no generan ningún ingreso.

El promotor niega con rotundidad la discrepancia de afecciones, ya que la servidumbre de vuelo señalada es de 198,44 m² en el caso de la finca catastral de Mequinenza 15/695, y de 323,95 m² en la finca 15/182 del mismo municipio. La afección real siempre ha sido la misma. Solo ha variado el criterio del Servicio Provincial de Industria de Zaragoza en la Relación de Bienes y Derechos Afectados, al que esta parte se ha ceñido en todo momento y solo en conceptos resumen, nunca en definición de las propias afecciones. Así pues, el criterio previo cuando se notificó al propietario era de incluir el vuelo del aerogenerador en Zona de No Edificabilidad y no en el de servidumbre de paso para vigilancia y conservación, frente al criterio modificado en mayo de 2024 que eliminaba el primer concepto, incluyendo la servidumbre de vuelo en el concepto resumen de servidumbre de paso para vigilancia y conservación.

Como constan en los correos intercambiados, la alegante ha conocido en todo momento su afección real. Es una excusa más de la parte alegante para volver a exigir la cuantía que tiene en mente, buscando cualquier manera para justificarla.

A la vista de la alegación esta Administración considera:

El acuerdo económico que compensa al propietario por las afecciones en su finca es privado y puede materializarse en los términos que decidan ambas partes, incluido el modo y forma de pago. No obstante, caso de no ser alcanzado, dentro del procedimiento de justiprecio le será enviada al titular la hoja de aprecio, en la que este podrá solicitar la compensación que entienda debida, así como su justificación. De persistir el desacuerdo, la indemnización terminará siendo determinada por un Jurado de Expropiación.

Según el artículo 54 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, se declaran de Utilidad Pública las instalaciones eléctricas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso. En su artículo 56, se indica que la declaración de utilidad pública llevará implícita en todo caso la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados, e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa. Las afecciones a las fincas son las indicadas en el anexo al anuncio del Servicio Provincial de Zaragoza, por el que se sometió a información pública la solicitud de declaración de utilidad pública de la instalación de producción de energía eléctrica: Parque Eólico Las Mareas I. Expediente: G-EO-Z-2020-280, publicado en el "Boletín Oficial de Aragón", número 162, de 21 de agosto de 2024.

En consecuencia, se rechaza la alegación.

Quinto.- Como consecuencia de lo expuesto anteriormente y, de acuerdo con el informe del Servicio Provincial de Zaragoza, los bienes y derechos que son considerados de necesaria expropiación, ya sea por no haberse formulado alegaciones sobre los mismos, por no haber sido estimadas las alegaciones presentadas o por la inexistencia de acuerdos con sus titulares, se relacionan en el anexo de esta Orden.

En dicho anexo se han excluido las parcelas, identificadas en el informe del Servicio Provincial de Zaragoza, respecto de las que el promotor ha manifestado la existencia de acuerdos alcanzados con los propietarios afectados.

Por cuanto antecede, vistos los preceptos legales citados y demás legislación de general aplicación, resuelvo:

Primero.- Reconocer, en concreto, la utilidad pública de la instalación "Parque Eólico Las Mareas I", ubicada en el término municipal de Mequinenza, promovida por la mercantil Green Capital Development 68 SLU, expediente G-EO-Z-2020-280, de acuerdo con lo previsto en los artículos 54 y 56 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

Segundo.- La utilidad pública se extiende a los efectos de expropiación forzosa, de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso relacionados en el anexo de esta Orden, de acuerdo con la fundamentación jurídica expresada, así como el derecho a que le sea otorgada la oportuna autorización, para el establecimiento, paso u ocupación de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de las Comunidades Autónomas, o de uso público, propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.

Tercero.- Notificar a los interesados la presente Orden y proceder a su publicación en el "Boletín Oficial de Aragón".

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa según lo previsto en el artículo 60 de la Ley 5/2021, de 29 de junio, de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición, ante el mismo órgano que lo dicta, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con el artículo 64 de la citada ley aragonesa, o bien recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin que ambos puedan simultanearse.

Zaragoza, 9 de febrero de 2025.

La Vicepresidenta y Consejera de Presidencia, Economía y Justicia,

MARÍA DEL MAR VAQUERO PERIANEZ