Boletín Oficial de Aragón - Documento completo

RESOLUCION del Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, por la que se sanciona a Bliss, S. L., como responsable de una infracción en materia de protección de menores en la discoteca Bliss (Expediente 1/2001/ZA).

Publicado el 20/02/2004 (Nº 22)
Sección: BOA V. Anuncios - Otros anuncios
Emisor: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES Y FAMILIA

Texto completo:

RESOLUCION del Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, por la que se sanciona a Bliss, S. L., como responsable de una infracción en materia de protección de menores en la discoteca Bliss (Expediente 1/2001/ZA).

Antecedentes de hecho

1. El 12 de noviembre de 2001 la Guardia Civil del puesto de Tauste (Zaragoza) formuló denuncia en la que se dejaba constancia de la admisión en dicho establecimiento de 14 menores de edad, a las 01:00 del 11 de noviembre de 2001, en la Discoteca Bliss, sita en la calle Clavel nº 2 de Tauste.

2. Con fecha 17 de noviembre de 2003, el Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales acordó la iniciación de procedimiento sancionador contra «Bliss S. L.», sociedad propietaria de la Discoteca Bliss como presunta responsable de los hechos denunciados a que se refiere el párrafo anterior. Este acuerdo de iniciación identificaba los hechos cometidos y la infracción que constituían, así como las sanciones máximas que corresponden a dicha infracción y la sanción concreta que se propone, junto con los preceptos que la determinan, sin haberse considerado circunstancias agravantes a tal efecto.

3. El 27 de febrero de 2003 tuvo entrada en el Registro General de los Servicios Centrales del Instituto Aragonés de Servicios Sociales el escrito de alegaciones presentado por D. Mario Lozano García en representación de Bliss S. L. En síntesis, dicho escrito alegaba la caducidad del expediente y negaba los hechos imputados, realizando, además, alegaciones formales respecto al acuerdo de iniciación referidas a que en la denuncia de la Guardia Civil no se expresaba si los menores estaban o no acompañados por sus padres y que no se comprobó que consumieran bebidas alcohólicas.

4. Con fecha 6 de mayo de 2003, el instructor del procedimiento sancionador formuló propuesta de resolución en la que se mantenían la calificación de las infracciones y la cuantía de la sanción. En intento de notificación personal de tal propuesta de resolución realizado mediante el Servicio de Correos y Telégrafos resultó infructuoso por lo que se procedió a su notificación edictal a través del «Boletín Oficial de Aragón» y el tablón de anuncios del Ayto. de Zaragoza. El período de audiencia que a través de ellos se ofrecía concluyó el 22 de diciembre de 2003, sin haber realizado el interesado alegación alguna.

Fundamentos de derecho

1. Los hechos enunciados en el antecedente de hecho número 1 fueron verificados por agentes de la Guardia Civil habiéndose dejado constancia de ellos en la denuncia presentada por dicho Cuerpo de Seguridad por lo que goza de la presunción de veracidad y el valor probatorio previsto en el art. 137.3 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 11.5 del Decreto 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón, respecto a los hechos constatados por funcionarios que tengan la condición de autoridad y que se formalicen en documento público observados los requisitos legales pertinentes. Junto a esa presunción de veracidad, la constatación de los hechos con un elevado nivel de precisión y detalle lleva a considerar los hechos denunciados como probados frente a la mera negación de los mismos realizada por el representante del interesado en las alegaciones de fecha 27 de febrero de 2003. Respecto a estas, señalar que, conforme con las alegaciones del interesado, no se le ha imputado el suministro de bebidas alcohólicas a menores; en tanto que, pese a no mencionarse expresamente en la denuncia, de la propia constatación de los hechos y la referencia al precepto infringido resulta evidente que los menores no estaban acompañados por los respectivos titulares de la autoridad familiar o patria potestad.

2. Los hechos probados -recogidos como antecedentes de hecho de esta resolución- constituyen una infracción grave tipificada en el art. 96.3 r de la Ley 12/2001, conforme a lo previsto en el art. 40 del mismo texto legal.

De conformidad con el art. 96. 3. r de la Ley 12/2001, «constituye infracción grave permitir la entrada en los establecimientos o locales a que hace referencia el artículo 40 de esta Ley». Entre los establecimientos públicos en los que este artículo 40 prohibe la admisión de niños y adolescentes se encuentran, según su apartado 1.d. de este artículo, los «locales especialmente dedicados a la expedición de bebidas alcohólicas, salvo que vayan acompañados de sus padres o de quienes les sustituyan en el ejercicio de las funciones propias de la patria potestad o autoridad familiar.»

3. De conformidad con el artículo 99.a) de la Ley 12/2001, las infracciones graves serán sancionadas con multa de 3005,07 euros a 30.050,61 euros (500.001 pesetas a 5.000.000 de pesetas). Dentro de este margen sancionador, y de acuerdo con la sanción propuesta en la Propuesta de Resolución, la propuesta de sanción se limita a la mínima legalmente posible.

4. De conformidad con el artículo 102. b de la Ley 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y la adolescencia en Aragón, es competencia del Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales imponer sanciones entre 3005,07 euros a 30.050,61 euros (500.001 pesetas a 5.000.000 de pesetas), por lo que corresponde a este órgano directivo la resolución de este procedimiento sancionador.

5. De conformidad con el art. 132.1 de la Ley 30/1992, las infracciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan, determinando el art. 104 de la Ley 12/2001, que las infracciones tipificadas como graves en esa misma Ley prescriben a los 3 años a contar desde el momento en que se hubiera cometido la infracción; de lo que se deduce claramente que no se ha podido producir la prescripción de las infracciones por los hechos que se imputan, lo que el interesado parece aducir al alegar la caducidad del expediente. Igualmente el art. 105 de esa misma Ley establece la caducidad si transcurrido un año desde la iniciación del expediente no hubiera recaído resolución, lo que tampoco acontece en el procedimiento que nos ocupa.

Por todo lo expuesto, resuelvo:

Sancionar a Bliss S. L. con una multa de 3.005,07 euros como responsable de una infracción en materia de protección de menores (Expediente 1/2001/ZA).

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación

En caso de no interponerse el mencionado recurso de alzada, deberá proceder al pago de esta Sanción mediante Ingreso en la cuenta del «Instituto Aragonés de Servicios Sociales» número 2086-0001-75-0700329991 de la Caja de Ahorros de la Inmaculada, Oficina Urbana nº 1 de Zaragoza, haciendo constar el nombre del responsable y el número de expediente 1/2001/ZA en los siguientes plazos:

a) Si la notificación de esta Resolución la recibe entre el día 1 y 15 del mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

b) Si la recibe entre el día 16 y último del mes, podrá pagar desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

A efectos de dejar constancia del pago con la mayor rapidez y eficacia posible se le solicita que envíe copia de los resguardos de dicho ingreso al Instituto Aragonés de Servicios Sociales - Avenida Cesáreo Alierta 9-11 bajo -50008- Zaragoza (lo que podrá hacer a través de cualquiera de los registros de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, mediante correo o en cualquiera de la otras formas previstas en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común).

En defecto del pago de la multa en ese periodo voluntario se le apercibe, a los efectos previstos en el art. 95 de la Ley 30/1992, de que se procederá a la ejecución forzosa de la referida sanción por medio de apremio sobre el patrimonio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 96 y 97 de la Ley 30/1992 y 91 y ss. del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 1684/1997.

Zaragoza, 26 de diciembre de 2003.-El Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, por Suplencia (en virtud de Orden de 8 de agosto de 2000, del Departamento de Sanidad, Consumo y Bienestar Social), el Secretario General, Francisco J. Amaro Tejero.