En el recurso Contencioso-administrativo número 172/2014, seguido a instancia del

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón contra el Gobierno de Aragón, sobre Decreto de 22/2014, de 18 de febrero, por el que se aprueba la oferta complementaria de la Oferta de Empleo Público de 2007 y Decreto 23/2014, de 18 de febrero, por el que se aprueba la oferta complementaria de la Oferta de Empleo Público de 2011, "Boletín Oficial de Aragón", número 38, de 24 de febrero de 2014; se dictó sentencia número 237/2016 de fecha 4 de mayo, que es firme, y cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

"Primero.- Estimar el recurso contencioso-administrativo número 172/14 interpuesto a instancia del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón contra los Decretos números 22 y 23 ambos de 18 de febrero de 2014, dictados por el Departamento de Hacienda y Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, se anulan los mismos en el único sentido de que se revoque la exigencia de estar en posesión de una titulación clasificada en el Grupo A.1 como requisito para presentarse a las plazas de Técnicos Superiores de Riesgos Laborales respecto a los 14 puestos objeto de las Ofertas de Empleo Público referidas y en su lugar se exija la titulación clasificada en el grupo A.2 para acceder a dichas plazas.

Segundo.- Se imponen las costas del recurso a la parte demandada con el límite de 600 euros por todos los conceptos".

Y a los efectos establecidos en el artículo 72.2 y 107.2 de la vigente LJCA, y para su publicación en el "Boletín Oficial de Aragón", expido y firmo el presente.

Zaragoza, 4 de octubre de 2019.- La Letrado de la Administración de Justicia, María Purificación Martín Montañés.