Boletín Oficial de Aragón - Documento completo

ORDEN ICD/701/2022, de 23 de mayo, por la que se invita a grandes empresas e instalaciones sujetas a comercio de derechos de emisión para que manifiesten su interés de acceder a sendas líneas destinadas al apoyo de inversiones productivas e impulsar inversiones destinadas a lograr la reducción de las emisiones de gases de efectos invernadero en la provincia de Teruel enmarcadas en el Fondo de Transición Justa.

Publicado el 30/05/2022 (Nº 102)
Sección: III. Otras Disposiciones y Acuerdos
Emisor: DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL

Texto completo:

El Fondo de Transición Justa (FTJ) es un nuevo instrumento en el marco de la política de cohesión para el periodo 2021-2027. Su aplicación en nuestro país se está impulsando y coordinando por el Gobierno de España a través del Instituto para la Transición Justa, OA, adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y tiene por objeto mitigar los efectos negativos de la transición climática, prestando apoyo a los territorios más perjudicados y a los trabajadores afectados, promoviendo una transición socioeconómica equilibrada.

En consonancia con el objetivo específico único del FTJ, las acciones que reciban apoyo de éste deben contribuir directamente a hacer posible que las regiones y las personas afronten las repercusiones sociales, laborales, económicas y medioambientales de la transición hacia los objetivos de la Unión para 2030 en materia de energía y clima y una economía de la Unión climáticamente neutra de aquí a 2050, con arreglo al Acuerdo de París.

De acuerdo con el texto del Reglamento (UE) 2021/1056 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establece el Fondo de Transición Justa, el FTJ debe abarcar a todos los Estados miembros, pero la distribución de sus recursos financieros debe centrarse en los territorios más perjudicados por el proceso de transición climática.

Por ello, los Estados Miembros deben identificar aquellos territorios con el nivel 3 de la nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas (regiones del nivel NUTS-3, o provincia) o partes de los mismos, más afectados por la transición del carbón y hacia una economía climáticamente neutra, e incluirlos en los Planes de Transición Justa, que tienen por objeto identificar dichos territorios en los que ha de concentrarse la ayuda del FTJ y describir las medidas específicas que deben adoptarse para abordar las consecuencias socioeconómicas y medioambientales de dicha transición.

El punto de partida para la selección de estos territorios ha sido el anexo D del Informe País 2020 que publicó la Comisión Europea en el marco de las orientaciones del semestre europeo. En este documento, la Comisión identifica ocho regiones NUTS-3 (provincias) dentro de España, entre las que figura la provincia de Teruel, como las más afectadas por la transición a la neutralidad climática a causa del cierre de minas de carbón y por el desmantelamiento en curso de centrales térmicas de carbón, causa última del cierre de la minería del carbón.

El referido Reglamento por el que se establece el Fondo de Transición Justa dispone en su artículo 8, relativo al alcance del apoyo que, en zonas designadas como asistidas a efectos del artículo 107, apartado 3, letras a) y c), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), el FTJ podrá apoyar inversiones productivas en empresas distintas de las pymes, a condición de que dichas inversiones se hayan aprobado como parte del plan territorial de transición justa. A este respecto, añade que estas inversiones solo serán admisibles si son necesarias para la ejecución del plan territorial de transición justa, cuando contribuyan a la transición a una economía de la Unión climáticamente neutra de aquí a 2050 y a lograr objetivos medioambientales conexos, cuando su apoyo sea necesario para la creación de empleo en el territorio identificado y cuando no conduzcan a reubicaciones, tal como se definen en el artículo 2, punto 27, del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados (RDC).

El artículo 11 del Reglamento del FTJ recoge en su punto 2.h) establece que cuando vaya a concederse ayuda para inversiones productivas en empresas que no sean pymes, el Plan Territorial de Transición Justa contendrá una lista indicativa de las operaciones y empresas que vayan a recibir ayuda, así como una justificación de la necesidad de dicha ayuda a través de un análisis de las carencias que demuestre que, en ausencia de la inversión, las pérdidas esperadas de puestos de trabajo superarían el número previsto de puestos de trabajo creados.

A este respecto, el anexo II del Reglamento del FTJ, que estructura la información que deben contener los planes territoriales de transición justa contiene, en su apartado 2.4, un campo para cumplimentar en los casos en los que se preste apoyo a inversiones productivas en empresas distintas de las pymes.

El artículo 8 del Reglamento del Fondo de Transición Justa dispone, asimismo, que dicho fondo también podrá apoyar inversiones destinadas a lograr la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de las actividades enumeradas en el anexo I de la Directiva 2003/87/CE, a condición de que dichas inversiones se hayan aprobado como parte del Plan Territorial de Transición Justa, y siempre que sean necesarias para su ejecución.

Según lo establecido en esta Directiva, se consideran instalaciones sujetas al régimen de comercio de derechos de emisión aquellas unidades técnicas en las que se lleven a cabo una o varias actividades de las enumeradas en su anexo I, que den lugar a emisiones de gases de efecto invernadero especificadas en relación con dicha actividad.

El artículo 11 del Reglamento del FTJ recoge en su punto 2.i) que, cuando vaya a concederse una ayuda para inversiones destinadas a lograr la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de las actividades enumeradas en el anexo I de la Directiva 2003/87/CE, el plan de transición justa deberá contener una lista de las operaciones que vayan a recibir ayuda y una justificación de que contribuyen a la transición a una economía climáticamente neutra y dan lugar a una reducción importante de las emisiones de GEI, situándose sustancialmente por debajo de las referencias fijadas para la asignación gratuita en el marco de dicha Directiva, y de que dichas operaciones son necesarias para la protección de un número significativo de puestos de trabajo.

De conformidad con el artículo 10 bis, apartado 1, de la Directiva 2003/87/CE, las medidas transitorias totalmente armonizadas de la Unión para la asignación gratuita de los derechos de emisión deben determinar, en la medida de lo posible, parámetros de referencia ex ante a fin de asegurar que la asignación gratuita de los derechos de emisión se efectúe de tal forma que se incentiven las reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero y las técnicas de eficiencia energética, teniendo en cuenta las técnicas más eficientes, los productos de sustitución, los procedimientos alternativos de producción, la cogeneración de alta eficiencia, la recuperación energética eficiente de gases residuales, la utilización de biomasa y la captura, y el almacenamiento de dióxido de carbono, siempre que se disponga de las instalaciones necesarias.

La Decisión 2011/278/UE de la Comisión estableció cincuenta y cuatro parámetros de referencia como base para la asignación gratuita y los valores correspondientes para el período comprendido entre 2013 y 2020. El Reglamento 2021/447 de la Comisión, determinó los valores revisados de los parámetros de referencia para la asignación gratuita de derechos de emisión en el período comprendido entre 2021 y 2025.

Por su parte, el anexo II, que estructura la información que deben contener los planes territoriales de transición justa, contiene, en su apartado 2.4, un campo específico para cumplimentar en los casos en los que se proporcione apoyo a inversiones para lograr la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, mediante la inclusión de un listado de operaciones y su oportuna justificación.

La normativa europea de Ayudas de Estado -artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, de Exención por Categorías (RGEC)- es de plena aplicación, por lo que deben respetarse los umbrales máximos de cuantías (100 millones de euros) y las intensidades de ayuda autorizadas en el mapa de ayudas regionales que se encuentre en vigor tras la aprobación del Plan de Transición Justa.

Para grandes empresas dichas intensidades de ayuda máximas será del 20% en la provincia de Teruel.

Adicionalmente, el artículo 14 del RGEC dispone que podrán concederse ayudas destinadas a grandes empresas en el caso de inversión inicial en favor de una nueva actividad económica, entendiendo por tal:

La inversión en activos materiales e inmateriales relacionada con la creación de un nuevo establecimiento, o la diversificación de la actividad de un establecimiento, siempre y cuando la nueva actividad no sea una actividad idéntica o similar a la realizada anteriormente en el establecimiento.

La adquisición de activos pertenecientes a un establecimiento que ha cerrado o que habría cerrado si no hubiera sido adquirido y que es comprado por un inversor no vinculado al vendedor, siempre y cuando la nueva actividad que vaya a realizarse no sea idéntica o similar a la realizada por el establecimiento con anterioridad a la adquisición.

Para identificar tanto las inversiones productivas en grandes empresas como las inversiones en instalaciones sujetas a comercio de derechos de emisión, realizando el proceso de una manera transparente, el procedimiento elegido es una convocatoria de Manifestaciones de Interés (MdI) no vinculante. De este modo, la presente convocatoria va dirigida tanto a grandes empresas para poner en marcha proyectos de inversión en la provincia de Teruel, como a los titulares de las instalaciones sujetas a comercio de derechos de emisión en la provincia de Teruel que estén interesados en recibir ayudas del FTJ para poner en marcha proyectos de inversión, que cumplan en ambos casos los requisitos definidos anteriormente.

Los interesados deberán cumplimentar los formularios de solicitud en la sede electrónica del Gobierno de Aragón, mediante los cuales se aportará información sobre la propia entidad y el proyecto propuesto, así como su ubicación en el territorio elegible, es decir, la provincia de Teruel.

La Comunidad Autónoma de Aragón, conjuntamente con el Instituto para la Transición Justa, OA, estudiarán las manifestaciones de interés recibidas, evaluando su viabilidad y compatibilidad con el Reglamento del Fondo de Transición Justa.

Finalmente, se incluirá en el Plan de Transición Justa el listado de grandes empresas y el de instalaciones sujetas a comercio de derechos de emisión, en la provincia de Teruel, susceptibles de ser apoyadas.

En este sentido, el Estatuto de Autonomía de Aragón establece, en su artículo 71.32.ª, que corresponde a la Comunidad Autónoma, como competencia exclusiva, el fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma. Asimismo, establece en su artículo 71.48.ª que corresponde a la Comunidad Autónoma, como competencia exclusiva, la industria, salvo las competencias del Estado por razones de seguridad, sanitarias o de interés de la Defensa.

Por otro lado, el Estatuto de Autonomía de Aragón establece, en su artículo 75, que corresponden a la Comunidad Autónoma, como competencias compartidas, la energía, que incluye a la eficiencia energética, así como la participación en la planificación estatal que afecte al territorio de la Comunidad Autónoma, y el régimen minero, que incluye la restauración de los espacios afectados por las actividades extractivas.

A su vez, en el artículo 79 del citado Estatuto, se afirma que, en las materias de su competencia, corresponde a la Comunidad Autónoma el ejercicio de la actividad de fomento. Asimismo, en este mismo artículo se establece que, en el caso de las competencias exclusivas, la Comunidad Autónoma especificará los objetivos a los que se destinen las subvenciones territorializables de la Administración central y las de la Unión Europea, así como la regulación de las condiciones de otorgamiento y la gestión de su tramitación y concesión. En las competencias compartidas, la Comunidad Autónoma precisará normativamente los objetivos de las subvenciones territorializables de la Administración central y de la Unión Europea, completando las condiciones de otorgamiento, y asumiendo toda la gestión incluyendo la tramitación y la concesión

Estas competencias corresponden a la Vicepresidencia del Gobierno, en virtud del Decreto 17/2020, de 26 de febrero, del Gobierno de Aragón, y al Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, en virtud del Decreto 18/2020, de 26 de febrero, del Gobierno de Aragón, por los que se aprueban sus respectivas estructuras orgánicas.

Por su parte, el artículo 4 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, establece que "la gestión de las subvenciones a que se refiere esta Ley se hará de acuerdo con los siguientes principios: a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante, c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos".

En virtud de lo expuesto, en aplicación de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, y de conformidad con las competencias que me atribuye el Decreto 18/2020, de 26 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, resuelvo:

Primero.- Futura convocatoria de ayudas.

El Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón prevé convocar, previa aprobación por la Comisión Europea del Plan y del Programa Territorial de Transición Justa de España, y en su caso de las correspondientes bases reguladoras:

Ayudas dirigidas al apoyo de inversiones productivas de grandes empresas

Ayudas destinadas a impulsar inversiones destinadas a lograr la reducción sustancial de las emisiones de gases de efecto invernadero en instalaciones sujetas a comercio de derechos de emisión.

Ambas líneas de ayuda estarán circunscritas a inversiones ubicadas en la provincia de Teruel.

Las manifestaciones de interés que puedan aportar las empresas y los titulares de instalaciones sujetas a la Directiva 2003/87/CE no vinculan a la Administración, quien libremente fijará las características y requisitos de las bases reguladoras y posteriores convocatorias de ayudas.

Segundo.- Invitación a la presentación de manifestaciones de interés.

El Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial invita a las grandes empresas y a los titulares de las instalaciones sujetas al régimen europeo de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (GEI), para que manifiesten su interés en acceder a sendas líneas de ayudas para realizar en Aragón inversiones productivas e inversiones destinadas a lograr la reducción sustancial de las emisiones de gases de efecto invernadero en instalaciones sujetas al régimen comunitario de comercio de derechos de emisión, respectivamente.

Tercero.- Participantes.

Pueden participar grandes empresas y los titulares de las Instalaciones sujetas a comercio de derechos de emisión, entendiendo por tales los establecidos, y los que deseen establecerse, en la provincia de Teruel.

Se entiende por gran empresa toda empresa que no cumple los criterios establecidos en el anexo I, Definición de Pyme, del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.

Se entiende por instalaciones sujetas a comercio de derechos de emisión aquellas unidades técnicas en las que se lleven a cabo una o varias actividades de las enumeradas en el anexo I de la Directiva 2003/87/CE que den lugar a emisiones de gases de efecto invernadero especificadas en relación con dicha actividad.

Cuarto.- Características de los proyectos.

Los proyectos presentados por las grandes empresas deberán contemplar inversiones productivas.

Según el considerando 16 del Reglamento (UE) 2021/1056 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establece el Fondo de Transición Justa debe entenderse por inversiones productivas tanto las inversiones en capital fijo, como el activo inmovilizado de una empresa para producir bienes y servicios, de manera que se contribuya a la formación bruta de capital y al empleo. En el caso de las empresas distintas de las pymes, las inversiones productivas solo deben apoyarse si son necesarias para mitigar las pérdidas de puestos de trabajo derivadas de la transición, creando o protegiendo un número significativo de puestos de trabajo, y no conducen a reubicaciones ni son fruto de ellas.

Los proyectos de inversión productivos en grandes empresas deberán cumplir estos requisitos:

Contribuyen a la transición de una economía de la UE climáticamente neutra para 2050, y a lograr objetivos medioambientales conexos.

Se demuestra que, en ausencia de la inversión, las pérdidas esperadas de puestos de trabajo superarían el número previsto de puestos de trabajo creados (creación de empleo neto).

Los proyectos asociados a instalaciones sujetas a comercio de derechos de emisión deberán cumplir estos requisitos:

Dan lugar a una reducción de emisiones de GEI sustancialmente por debajo de los parámetros de referencia establecidos para una asignación gratuita con arreglo a la Directiva 2003/87/CE (valores establecidos en el Reglamento 2021/447).

Se trata de actuaciones necesarias para la creación de un número significativo de puestos de trabajo.

Quinto.- Condiciones del procedimiento de participación.

La participación en este procedimiento, los posibles contactos mantenidos con los participantes o los intercambios de información producidos en el seno de este procedimiento no podrán dar lugar a infracciones de los principios de transparencia, igualdad de trato y no discriminación, ni tener como efecto restringir o limitar la competencia, ni otorgar ventajas o derechos exclusivos.

La participación en este procedimiento no otorgará derecho ni preferencia alguna respecto de las convocatorias de subvenciones que puedan realizarse con posterioridad en el ámbito del objeto de esta Orden.

No obstante, tanto los proyectos de inversión productiva de grandes empresas, como los proyectos de reducción de emisiones en instalaciones sujetas al régimen de comercio de derechos de emisión, que deseen ser financiados por el FTJ, deberán estar incluidos en el Plan Territorial de Transición Justa de España, aprobado por la Comisión Europea, para lo cual se realiza esta convocatoria pública de manifestaciones de interés.

Los costes derivados de esta participación correrán a cargo de los interesados.

Sexto.- Requisitos de presentación de las manifestaciones de interés.

Las manifestaciones de interés se ajustarán a las condiciones y los contenidos recogidos en el formulario disponible en la sede electrónica del Gobierno de Aragón https://www.aragon.es/tramites, indicando en el buscador el procedimiento número 9037, para proyectos de inversión de grandes empresas, y el procedimiento número 9038 para proyectos en instalaciones sujetas al régimen europeo de comercio de derechos de emisión de GEI.

El plazo de presentación será de veinte días naturales desde la fecha de publicación de esta Orden en el "Boletín Oficial de Aragón".

Las manifestaciones de interés deberán cursarse exclusivamente de forma electrónica, de conformidad con lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Para ello, se deberá disponer de DNI electrónico, o de cualquier certificado electrónico que haya sido previamente reconocido por esta Administración y sea compatible con los diferentes elementos habilitantes y plataformas tecnológicas corporativas del Gobierno de Aragón. La información relativa a certificados, firma y sellos electrónicos se encuentra disponible en la sede electrónica: https://www.aragon.es/tramites.

Para cualquier aclaración o información acerca de la tramitación, los interesados podrán dirigirse al correo electrónico minasaragon@aragon.es, prestándose a los interesados el apoyo preciso con objeto de facilitar que realicen correctamente la presentación de la manifestación.

Séptimo.- Solicitud.

1. Presentación de la solicitud.

Las solicitudes se dirigirán al Servicio de Promoción y Desarrollo Minero presentándose electrónicamente a través de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón conforme al modelo específico disponible en la dirección electrónica https://www.aragon.es/tramites e incluyendo en el buscador del trámite el procedimiento número 9037, para proyectos de inversión de grandes empresas, y procedimiento número 9038 para proyectos en instalaciones sujetas al régimen europeo de comercio de derechos de emisión de GEI.

Las solicitudes deberán estar firmadas electrónicamente y se considerarán presentadas a los efectos de su tramitación en el momento en que se obtenga el justificante de registro.

2. Incidencias técnicas en la presentación de la solicitud.

En el supuesto de que en el último día del trámite concurran incidencias técnicas que impidan la presentación electrónica de la documentación, únicamente en ese mismo día se podrá presentar en cualquiera de los registros electrónicos indicados en el artículo 16.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o por registro presencial. En este caso no se ampliará el plazo de tramitación y el órgano administrativo encargado de la tramitación podrá realizar las comprobaciones oportunas.

En el caso de que las incidencias técnicas se produjeran a lo largo del plazo de presentación de la solicitud y fueran reiteradas, el órgano administrativo responsable podrá ampliar el plazo publicándose el nuevo plazo en la sede electrónica

3. Documentación que acompaña la solicitud.

Las solicitudes deberán acompañarse de la siguiente documentación:

Documento acreditativo de la representación, salvo que se accede al trámite con certificado de representante.

ii. Declaraciones responsables.

Que los datos que figuran en esta solicitud son verdaderos.

Que la solicitante no está sujeta a una orden de recuperación de ayudas ilegales o incompatibles.

Que la solicitante no se encuentra en la actualidad en situación de crisis

Que la solicitante se encuentra al corriente de pago de sus obligaciones tributarias, con la seguridad social y con la Comunidad Autónoma de Aragón.

No será necesario aportar aquellos documentos que ya hayan sido aportados por el interesado a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. En este caso deberá indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo los presentó utilizando a dichos efectos el apartado específico reservado en el formulario de solicitud.

La persona interesada es la responsable de la veracidad de los datos y documentos que presente. Tiene el deber de custodia de los originales de los documentos sobre la que aporte copia digitalizada. Con la firma electrónica de la solicitud declara la fidelidad de las copias aportadas con sus originales. La Administración podrá requerirle en cualquier momento de la tramitación del procedimiento la presentación de los documentos originales a efectos de su cotejo con la copia presentada.

4. Subsanación de la solicitud.

De conformidad con lo establecido en el artículo 66.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, si la solicitud no reúne los requisitos necesarios para el inicio del procedimiento se requerirá a la persona interesada para que en un plazo de 10 días hábiles la subsane o mejore de forma telemática a través de la sede electrónica de la Administración Pública de Aragón, accediendo al servicio digital Subsanación o mejora de la solicitud de inicio de un procedimiento, a través del enlace https://www.aragon.es/tramites/subsanacion-de-procedimientos-en-tramite con la advertencia que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud conforme al artículo 68.1 de la citada ley.

En el caso de solicitudes defectuosas o incompletas que requieran subsanación, se considerará como fecha de presentación aquella en la que la solicitud quede correctamente formalizada y completada, conforme al formulario y documentación necesaria en cada caso.

El requerimiento se realizará a través del Servicio de Notificaciones Electrónicas del Gobierno de Aragón, disponible en la sede electrónica de la Administración Pública de Aragón en el enlace https://www.aragon.es/tramites/notificaciones-electronicas

La Administración enviará un aviso a la dirección de correo electrónico del interesado que éste haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica citada. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida, de conformidad con el artículo 41.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En virtud de lo previsto en el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en el que se produzca el acceso a su contenido. No obstante, si transcurridos diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación no se accede a su contenido, dicha notificación se entenderá rechazada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, dando por efectuado el trámite correspondiente y siguiéndose el procedimiento, al amparo de lo establecido en el artículo 41.5 del mismo texto legal.

Octavo.- Presentación de documentos durante la tramitación del procedimiento.

La aportación de documentos y realización de alegaciones durante la tramitación del procedimiento, una vez iniciado este y de acuerdo con lo establecido en la presente Orden, se realizarán de forma telemática a través de la sede electrónica de la Administración Pública de Aragón, accediendo al servicio digital de Aportación de documento a procedimientos en trámite, a través del enlace https://www.aragon.es/tramites/aportacion-de-documentos-a-procedimientos-en-tramite

Noveno.- Notificación.

Las notificaciones serán electrónicas.

2. Esta notificación será accesible tanto a través del Servicio de Notificaciones Electrónicas del Gobierno de Aragón disponible tanto en https://www.aragon.es/tramites/notificaciones-electronicas, como en la Carpeta Ciudadana del Gobierno de España en https://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm

3. Se enviará un aviso a la dirección de correo electrónico que el interesado haya comunicado a estos efectos, informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica de esta Administración. La falta de la práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.

Décimo.- Intensidad de las futuras ayudas.

La normativa europea de Ayudas de Estado -artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea es de plena aplicación.

Al menos en el caso de grandes empresas, el Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, de Exención por Categorías (RGEC)- es de plena aplicación, por lo que deben respetarse los umbrales máximos de cuantías (100 millones de euros) y las intensidades de ayuda autorizadas en el mapa de ayudas regionales que se encuentre en vigor tras la aprobación del Plan de Transición Justa. Para grandes empresas dicha intensidad de ayuda máxima será del 20% en la provincia de Teruel.

Adicionalmente, el artículo 14 del RGEC dispone que podrán concederse ayudas destinadas a grandes empresas en el caso de inversión inicial en favor de una nueva actividad económica, entendiendo por tal:

La inversión en activos materiales e inmateriales relacionada con la creación de un nuevo establecimiento, o la diversificación de la actividad de un establecimiento, siempre y cuando la nueva actividad no sea una actividad idéntica o similar a la realizada anteriormente en el establecimiento.

La adquisición de activos pertenecientes a un establecimiento que ha cerrado o que habría cerrado si no hubiera sido adquirido y que es comprado por un inversor no vinculado al vendedor, siempre y cuando la nueva actividad que vaya a realizarse no sea idéntica o similar a la realizada por el establecimiento con anterioridad a la adquisición.

Undécimo.- Confidencialidad de los proyectos presentados.

Los interesados en participar en la futura convocatoria de ayudas deberán justificar y especificar la parte de la documentación presentada que debe considerarse confidencial, de modo que no sea accesible por parte de ningún agente externo al Gobierno de Aragón.

Zaragoza, 23 de mayo de 2022.

El Vicepresidente y Consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial,

ARTURO ALIAGA LÓPEZ