El Decreto 136/2013, de 30 de julio, del Gobierno de Aragón, sobre subvenciones en materia de agricultura, ganadería y medio ambiente ("Boletín Oficial de Aragón", número 156, de 8 de agosto de 2013), establece diversas reglas a las que ha de ajustarse esta orden, habiéndose tenido en cuenta en la determinación de su contenido, las previsiones del Título preliminar y Título I, que concretan las disposiciones generales y comunes a la gestión de las subvenciones, así como el Título III, que establece el procedimiento de concesión en régimen concesión directa.

Las presentes bases se configuran en el marco de lo previsto en el Decreto 136/2013, de 30 de julio, que en su artículo 4 faculta al Consejero competente en materia agraria, para aprobar las bases reguladoras de las subvenciones en dichas materias.

Con el objetivo de alcanzar la plena implantación de una administración pública electrónica, desde este Departamento se ofrece la posibilidad al ciudadano de iniciar el procedimiento de forma telemática siendo la correspondiente convocatoria la que concrete esta posibilidad y los requisitos necesarios para ello. No obstante, conforme al estado de desarrollo de la administración electrónica en la Administración de la Comunidad Autónoma, el Departamento podrá facilitar a los interesados la posibilidad de utilizar medios telemáticos en otras fases del procedimiento lo que también se determinará en la convocatoria.

El procedimiento de concesión de las subvenciones a que se refiere esta orden se tramitará en régimen de concesión directa y de acuerdo con los principios de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación.

Estas subvenciones están financiadas con fondos propios de la Comunidad Autónoma de Aragón y podrán ser complementadas, dentro de los límites establecidos en esta disposición, con fondos procedentes de la Administración General del Estado a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y están sometidas al régimen del Reglamento (CE) n.º 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, habiéndose realizado la correspondiente comunicación a la Comisión Europea, una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 9 del Reglamento (UE) n.º 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014, siendo el número de identificacion SA 41064

Estas ayudas se encuentran reguladas en el artículo 22 del antedicho Reglamento (CE) n.º 702/2014, de la Comisión, 25 de junio de 2014, en el que ya se prevé la compatibilidad con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea estando el asesoramiento vinculado, al menos, a una de las prioridades de la Unión en materia de desarrollo rural, entre la que se encuentran los requisitos para el cumplimiento de los principios generales de la gestión de plagas contemplados en el artículo 14 de la Directiva comunitaria 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, que establece las directrices para racionalizar el uso de los plaguicidas y reducir los riesgos y efectos de la utilización de los mismos en la salud humana y el medio ambiente. La ayuda que contempla este precepto, deberá estar a disposición de todas las personas con derecho a ella en la comunidad autónoma, concediéndose en especie mediante servicios subvencionados, pudiendo prestarse éstos por agrupaciones de productores u otras organizaciones sin que la afiliación a estas sea condición para tener acceso al servicio.

Estas subvenciones se enmarcan dentro de los objetivos definidos en el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente para el periodo 2012-2015.

La Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal recoge en su articulado, además de la prevención y la lucha contra plagas, la racionalización del uso de medios de defensa fitosanitaria, subordinándolo a la salud de las personas y de los animales y a su compatibilidad con el desarrollo de una agricultura sostenible respetuosa con el medio ambiente. Ello se une a los nuevos deberes de los productores agrarios impuestos en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, al regular en su articulado las medidas a adoptar para lograr una utilización racional de los productos fitosanitarios y como consecuencia la reducción de los riesgos y los efectos del uso de los mismos en la salud humana y en el medio ambiente, así como el fomento de la gestión integrada de plagas y de planteamientos o técnicas alternativos, tales como los métodos no químicos.

Se debe tener presente que en la cadena agroalimentaria, las explotaciones agrícolas dedicadas a la producción primaria de productos agrícolas (en adelante, agricultores) son el primer eslabón de la misma. La utilización adecuada de pesticidas debe responder no sólo a su legalidad sino, y ello es fundamental, a las exigencias de los consumidores. Estas exigencias vienen caracterizadas por el conocimiento que de ello tienen los consumidores, que desean recibir unos productos sanos, con el mínimo de residuos y que en su producción se haya tenido en cuenta el máximo respeto al medio ambiente. La mayor parte de estas demandas de los consumidores requieren que los agricultores deban plantearse cada vez más la necesidad de contar con un servicio de asesoramiento técnico altamente especializado para sus producciones y poder resolver así las cuestiones técnicas que se le van planteando en el ciclo de sus cultivos.

Por otro lado, la mayor parte de los agricultores se caracterizan por ser pequeñas y medianas empresas, que no disponen de medios propios para contar con un asesoramiento técnico, que les permita gestionar la información y asesorar en la toma de decisiones sobre los procesos de producción en el ámbito de la sanidad vegetal, especialmente en las mejoras en las técnicas de trabajo y en las nuevas tecnologías. El trabajo especializado en materia de sanidad vegetal requiere de una elevada preparación, disponible con personal técnico debidamente formado y altamente cualificado, lo cual supone una dificultad para las explotaciones agrícolas. Es necesario, pues, disponer de una prestación de servicios de asesoramiento técnico a los agricultores en materia de sanidad vegetal.

La Administración de la Comunidad Autónoma a través del Departamento competente en materia agraria dispone de unidades técnicas en materia de sanidad vegetal que pueden apoyar la asistencia técnica al sector, pero no dispone de todos los medios humanos y materiales para llegar a todos los agricultores que puedan solicitar esa asistencia. La gestión de la lucha contra algunas plagas, especialmente las declaradas de cuarentena y utilidad pública, a menudo no se pueden limitar a la dimensión de la explotación individual y necesita de un planteamiento colectivo y de una visión conjunta en el territorio. La situación constantemente cambiante de la evolución de los organismos nocivos de los vegetales implica la necesidad de un contacto directo y una coordinación de las entidades encargadas de prestar asesoramiento con los órganos competentes en materia de sanidad vegetal.

En este sentido, las agrupaciones para tratamientos integrados en agricultura (ATRIAS), han sido desde sus inicios una herramienta muy importante en la lucha y prevención contra las plagas y enfermedades, siendo además, entidades altamente especializadas en los temas relativos a la sanidad de los cultivos y la gestión integrada de las plagas que a ellos les afectan. Por otra parte, las ATRIAS están ampliamente distribuidas en el territorio y cubren todos los cultivos relevantes de la Comunidad Autónoma. En consecuencia, estas agrupaciones son las adecuadas para desempeñar con solvencia las labores de asesoramiento técnico en todos los aspectos que aborda la Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009.

Por todo lo expuesto, dispongo:

Artículo 1. Objeto.

Esta orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la prestación de servicios de asesoramiento al sector agrario en materia de sanidad vegetal y gestión integrada de las plagas, de conformidad con el Decreto 136/2013, de 30 de julio, del Gobierno de Aragón, sobre subvenciones en materia de agricultura, ganadería y medio ambiente y al régimen del Reglamento (CE) n.º 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en particular con su artículo 22.3.e. incardinado en la Sección 1, ayudas a favor de las PYME dedicadas a la producción agrícola primaria, la transformación de productos agrícolas y la comercialización de productos agrícolas, del Capítulo III que establece las distintas categorías de ayudas de aplicación para el periodo comprendido entre la fecha de publicación de las presentes bases reguladoras hasta el 31 de diciembre de 2020.

Artículo 2. Objetivos.

La concesión de las subvenciones reguladas por esta orden deberá contribuir a la consecución de los siguientes objetivos:

a) La resolución de consultas técnicas en materia de sanidad vegetal y en especial, los relacionados con la aplicación de los principios generales de la Gestión Integrada de Plagas contemplados en el artículo 14 de la Directiva 2009/128 CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, sobre el uso sostenible de los plaguicidas.

b) La promoción y utilización adecuada de métodos y técnicas alternativas a los productos fitosanitarios en el control de las plagas y enfermedades, tal y como se establece en el punto 1 del articulo 14 de la Directiva 2009/128/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, de manera que se facilite la puesta en el mercado de productos agrícolas con las suficientes garantías para el consumidor, mejorando la calidad de los alimentos y reduciendo el impacto ecológico de la lucha química.

c) Lograr la coordinación, entre las diferentes entidades encargadas del asesoramiento y los órganos competentes de la Administración, de manera que se impulsen los principios generales de la Gestión Integrada de Plagas y se logre una adecuada planificación fitosanitaria contra plagas y enfermedades, especialmente las declaradas de cuarentena y utilidad pública que puedan tener incidencia en la Comunidad Autónoma.

Artículo 3. Actividades subvencionables.

Podrán ser objeto de subvención las siguientes actividades:

a) El asesoramiento técnico a los agricultores y la resolución de consultas ante los problemas que puedan surgir en sus explotaciones, como consecuencia de la implantación en sus explotaciones de lo establecido en la legislación para la aplicación del artículo 55 del Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y, en particular, el cumplimiento de los principios generales de la gestión integrada de plagas contemplados en el artículo 14 de la Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre, o, en otros aspectos, relacionados con la sanidad vegetal

b) Las actividades que tengan que ver con la información y la divulgación al agricultor de los métodos de lucha y sistemas de control de plagas alternativos a los productos fitosanitarios, y que respecto a estos, supongan una reducción del riesgo para la salud humana, el impacto sobre los organismos no objetivo y la afección al medio ambiente, o en otros aspectos relevantes relacionados con la sanidad vegetal.

Artículo 4. Gastos subvencionables.

1. Tendrán el carácter de gastos subvencionables de la actividad, los siguientes:

a) Gastos de contratación de la prestación del servicio de asesoramiento técnico: honorarios, nóminas.

b) Gastos de desplazamiento del personal técnico a la explotación.

c) Gastos de difusión de la información a los agricultores.

d) Gastos de material de campo y laboratorio para la realización de la asistencia técnica.

2. El límite máximo justificable de cada uno de los gastos se determinará en la orden anual de convocatoria, ajustándose, en todo caso, estos gastos a lo previsto en el artículo 7 del Decreto 136/2013, de 30 de julio.

Artículo 5. Beneficiarios.

1. Podrán ser beneficiarios los titulares de pequeñas y medianas explotaciones agrícolas (en adelante, agricultores), dedicados a la producción de productos agrícolas, de la Comunidad Autónoma de Aragón, estén o no afiliados a las entidades colaboradoras a que se refiere el artículo 6 de esta orden y que cumplan los siguientes requisitos:

a) Conforme al artículo 1.1 del Reglamento (UE) n.º 702/2014 de la Comisión, para ser beneficiario de estas ayudas deberá tratarse de microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) activas en el sector agrícola, conforme a la definición contenida en el anexo I a dicha norma.

b) De acuerdo con el artículo 1.5 del Reglamento (UE) n.º 702/2014 de la Comisión, se excluye expresamente de obtener la condición de beneficiario a aquellas empresas sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.

c) Se excluyen igualmente de la condición de beneficiario a las empresas en crisis, definidas conforme al artículo 2.14 del Reglamento (UE) n.º 702/2014 de la Comisión.

2. A los efectos de esta orden, las explotaciones agrícolas se integran en uno de los siguientes tipos, establecidos en función de la orientación productiva y de la complejidad o peculiaridades de los cultivos producidos cada año:

a) Tipo 1(mayor complejidad): Explotaciones frutícolas y hortícolas de regadío, cuando tengan un mínimo de cuatro hectáreas de estos cultivos.

b) Tipo 2: Explotaciones de vid, frutos secos, olivo, patata, arroz, alfalfa, frutales y hortalizas en secano, cereales, y otros herbáceos y explotaciones frutícolas y hortícolas de regadío no contempladas en las de tipo 1.

3. Para poder disfrutar de la subvención los beneficiarios deberán cumplir las siguientes condiciones, en el momento de presentar la solicitud:

a) Solicitar la prestación de asesoramiento técnico a través de una entidad colaboradora que trabaje con los cultivos objeto de asesoramiento.

b) La totalidad de la superficie de la explotación dedicada a la misma orientación productiva de las que se contemplan en el anexo I, deberá estar incluida en una única solicitud de asesoramiento técnico.

c) En el caso de los agricultores afiliados a entidades de asesoramiento, comprometerse a pagar a la entidad las cuotas necesarias para colaborar en su mantenimiento.

d) Los agricultores no afiliados comprometerse a satisfacer a la entidad, el coste objetivo del servicio, debidamente justificado según el tipo de explotación, su superficie y ubicación.

4. Como forma de ratificar la solicitud de prestación de asesoramiento técnico, el beneficiario deberá incluir en su "Solicitud Conjunta" de las ayudas de la Política Agrícola Común de la campaña agrícola para la que se solicita el asesoramiento, los cultivos que indicó en la solicitud de estas subvenciones, así como la entidad que le presta dicho asesoramiento para cada cultivo.

Artículo 6. Entidades colaboradoras.

1. Las subvenciones objeto de regulación por la presente orden se gestionarán por entidades colaboradoras.

2. Para que las entidades colaboradoras puedan adquirir tal condición deberán, además de suscribir un convenio de colaboración con el Departamento competente en materia agraria, reunir las condiciones establecidas en los artículos 12 y 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y los siguientes requisitos:

a) Ser una agrupación de productores agrícolas reconocidas oficialmente en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón al amparo de la Orden de 20 de diciembre de 2007, del Departamento de Agricultura y Alimentación, por la que se modifica la Orden de 8 de abril de 2002, del Departamento de Agricultura, por la que se regula el reconocimiento como agrupación para tratamientos integrados en agricultura (ATRIAS) y que hayan solicitado su reconocimiento antes del 31 de octubre de 2014, ya que estas entidades cuentan con los recursos adecuados, en términos de personal cualificado y de experiencia y fiabilidad en materia de asesoramiento en los ámbitos en los que prestan servicio, según se señala en artículo 22.6 del Reglamento (CE) n.º 702/2014 de la comisión.

b) Disponer de uno o más técnicos, contratados bajo cualquiera de las modalidades de contratación previstas en el ordenamiento jurídico. En el contrato del técnico se especificará que su cometido será el asesoramiento en sanidad vegetal y en la gestión integrada de plagas durante el periodo productivo del cultivo. El técnico deberá tener la condición de asesor en gestión integrada de plagas, conforme a lo previsto en el artículo 13 del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre y estar inscrito en la correspondiente sección del Registro Oficial de Productores y Operadores de medios de defensa fitosanitarios. Todos los técnicos deberán contar con la condiciones de especialización en sanidad vegetal que establezca el Departamento para ejercer como técnico de ATRIA, en la actualidad las señaladas en la Orden de 8 de abril de 2002, del Departamento de Agricultura, por la que se regula el reconocimiento como agrupación para tratamientos integrados en agricultura (ATRIAS), modificada por la Orden de 22 de octubre de 2002, o la que en un futuro pudiera sustituirla.

c) Aceptar las instrucciones en la gestión, el asesoramiento, controles e inspecciones que estime la Administración.

d) Ser titular de una cuenta bancaria específica para la gestión de estas subvenciones.

e) Disponer de fondos y medios materiales con los que poder cubrir, en su caso, los gastos que genere la prestación de la asistencia técnica.

3. Las entidades colaboradoras tendrán, además de las que se determinen en el precitado convenio, las siguientes obligaciones:

a) Gestionar las solicitudes de subvención que se presenten por los posibles beneficiarios. Esta gestión conllevará, al menos, las siguientes actuaciones:

1. La aceptación de la solicitud, la cumplimentación de las relaciones de los distintos solicitantes y la de los datos sobre la propia entidad conforme a los formularios previstos en la orden de convocatoria.

2. Remitir al órgano instructor de las subvenciones los formularios previstos en la orden de convocatoria, según lo establecido en el artículo 12.

b) Prestar, dentro de los conocimientos técnicos existentes, el asesoramiento objeto de subvención y la resolución de consultas, cuando sea solicitada por agricultores que reúnan los requisitos exigidos en esta orden para ser beneficiarios, reflejando los resultados de dicha asistencia en un libro de visitas y actuaciones que contendrá al menos el número de consulta, fecha, nif y nombre del agricultor asesorado, situación de la parcela, cultivo, objeto de la consulta y recomendación realizada.

c) Para lograr un adecuado asesoramiento, las entidades colaboradoras deberán rechazar la prestación de la asistencia cuando la superficie total de las explotaciones agrícolas respecto a las que ya hayan aceptado prestar el servicio superen los límites de superficie por orientación productiva y técnico que se indican en el anexo I de esta orden.

d) Sufragar el coste de los gastos del asesoramiento técnico prestado que no se haya financiado con las distintas aportaciones previstas en esta orden.

e) Como base para realizar las recomendaciones a los agricultores, los técnicos, estarán obligados a realizar el seguimiento de los plagas, basados siempre que sea posible en las Guías de Gestión Integrada de Plagas, así como en aquellos que se pudieran recoger en los protocolos técnicos que para cada cultivo determine el órgano competente de la Comunidad Autónoma.

f) Los técnicos de las entidades encargados de la prestación del servicio de asesoramiento deberán asistir a las reuniones con técnicos de coordinación que se programen desde la Dirección General competente. Se considerará incumplido este requisito cuando la falta de asistencia sea más del 20 % en un año, sin que exista causa justificada.

g) Comprometerse a realizar su tarea de asesoramiento respetando las obligaciones de confidencialidad a las que hace referencia el artículo 13 apartado 2 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común.

4. Para que las actividades que se indican en el articulo 3 puedan ser subvencionadas se requerirá que las mismas se efectúen por entidades colaboradoras que, previamente hayan suscrito un convenio de colaboración con la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón para esta finalidad, y que en el ejercicio de esta prestación, actúen conforme a lo previsto, entre otras normas de aplicación, en el Reglamento (CE) n.º 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014.

Los convenios de colaboración que se suscriban con las entidades colaboradoras se sujetarán al régimen jurídico previsto en la legislación general sobre subvenciones y, con carácter previo a su firma por el Departamento competente en materia agraria, se comprobará que la entidad con la que se pretenda suscribir reúne los requisitos exigidos en el apartado 2 y no se encuentra en ninguna de las circunstancias que puedan impedir adquirir la condición de entidad colaboradora, debiendo acreditarse esto conforme a lo previsto en el artículo siguiente.

Artículo 7. Circunstancias que impedirán obtener la condición de beneficiario.

1. El régimen a aplicar a las circunstancias que impiden obtener la condición de beneficiario y el procedimiento para acreditarlo será el establecido en los artículos 10 y 11 del Decreto 136/2013, de 30 de julio.

2. La acreditación de no estar incurso en la prohibiciones que impiden obtener la condición de beneficiario se efectuará mediante una declaración responsable manifestada en la solicitud para recibir asistencia técnica, según modelo de la convocatoria y, en su caso, mediante la presentación de los certificados acreditativos de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en los términos que se prevean en la orden de convocatoria.

3. Salvo denegación expresa del solicitante, la mera presentación de la solicitud de prestación del servicio ante la entidad colaboradora conlleva la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social a través de los certificados telemáticos.

Artículo 8. Régimen de concesión.

1. El procedimiento de concesión de las subvenciones previstas en esta orden se tramitará en régimen de concesión directa y de acuerdo con los principios de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación.

2. La concesión de las subvenciones estará supeditada a las disponibilidades presupuestarias existentes para cada anualidad.

3. El disfrute de la subvención por los agricultores se instrumentará mediante convenio de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma y las entidades colaboradoras que reuniendo los requisitos que se indican en el artículo 6.2 lo suscriban, especificando el convenio los compromisos y condiciones de ambas partes.

Artículo 9. Tipo y cuantía de la subvención.

1. Las subvenciones previstas en esta orden serán indirectas, en especie e irán destinadas a cubrir los costes de la prestación del servicio de asesoramiento, siendo las destinatarias directas de las cuantías que se indican en el artículo siguiente las entidades colaboradoras por el coste de la prestación de las mismas.

2. La cuantía global máxima de subvención, se fijará en la convocatoria.

3. Se establece un máximo de 150 € por cada beneficiario que solicite de apoyo técnico si se trata de explotaciones del tipo 1 y de 40 € para las del tipo 2, cumpliendo así lo señalado en el artículo 22.8 del Reglamento (UE) n.º 702/2014, de la Comisión de 25 de junio de 2014.

4. La cuantía de subvención por entidad colaboradora no podrá superar el 100% del coste de los servicios técnicos prestados.

5. La cuantía máxima a percibir por entidad colaboradora y técnico asignado en función de las superficies máximas admitidas según el anexo I no podrá exceder de 12.000 €.

6. Las subvenciones previstas en esta orden serán financiadas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, pudiendo haber aportaciones de la Administración General del Estado, debiendo respetarse en todo caso los límites establecidos en los apartados anteriores.

Artículo 10. Determinación de la cuantía.

1. La cuantía individualizada de la subvención se determinará en función del número total de solicitudes aceptadas por las entidades colaboradoras y las disponibilidades presupuestarias existentes sin que dicha cuantía pueda exceder los límites auxiliables que se indican en los apartados 3, 4 y 5 del artículo anterior.

2. En el supuesto de que el importe total de las subvenciones a conceder, conforme a los máximos del artículo 9.3, superara la cuantía global máxima de subvención de cada convocatoria, se procederán a reducir proporcionalmente las cuantías individualizadas por explotación.

Artículo 11. Régimen de compatibilidad.

1. El régimen de compatibilidad de estas subvenciones es el previsto en el artículo 13 del Decreto 136/2013, de 30 de julio, y en la normativa comunitaria que resulte de aplicación.

2. Las subvenciones previstas en esta orden son compatibles con otras ayudas estatales o con otras ayudas concedidas con carácter de minimis, en relación con los mismos gastos subvencionables, siempre que tal acumulación no de lugar a una intensidad o importe de ayuda superior a los aplicables en virtud del artículo 22 del Reglamento (UE) n.º 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014.

3. El beneficiario tiene la obligación de comunicar de inmediato al órgano concedente cualesquiera subvenciones, ayudas o ingresos que para la misma finalidad y de cualquier procedencia haya solicitado o le haya sido concedida o pagada.

4. La obtención de ayudas vulnerando este régimen de compatibilidad dará lugar a la modificación de la resolución de otorgamiento de la subvención, previa la necesaria audiencia del interesado, pudiendo ser causa de reintegro de las cantidades indebidamente percibidas, junto a los intereses correspondientes, así como dar lugar a la apertura de un procedimiento sancionador.

Artículo 12. Solicitudes.

1. Las solicitudes de subvención se formularán por el titular de la explotación agrícola conforme al modelo que se establezca en la orden de convocatoria, a través de las entidades colaboradoras que hayan suscrito el convenio de colaboración a que se refiere el apartado 4 del artículo 6. Para facilitar la tramitación, a la solicitud de subvención se podrá adjuntar una declaración-autorización por parte del beneficiario para que la entidad colaboradora pueda solicitar en su nombre esta ayuda.

2. Las entidades colaboradoras presentarán las solicitudes en el Centro de Sanidad y Certificación Vegetal mediante la cumplimentación del modelo que oportunamente se establezca en la orden de convocatoria debidamente firmado y sellado, al que se acompañará la documentación que en ella se determine, o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. Las solicitudes podrán presentarse conforme se indica en el apartado 2 o bien a través del Registro Telemático de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón haciendo uso del modelo oficial de solicitud. La presentación telemática de las solicitudes de subvención por parte de cada entidad colaboradora podrá realizarse siempre y cuando la totalidad de los solicitantes de apoyo técnico de sanidad vegetal y lucha integrada contra plagas en la entidad hayan firmado la autorización correspondiente según el anexo que se establezca en la orden de convocatoria. En caso contrario, las solicitudes deberán realizarse según se indica en el apartado 2 de este artículo.

Artículo 13. Modificación de la solicitud de asesoramiento.

1. Si una vez presentada la solicitud de asesoramiento por una entidad colaboradora, un solicitante traspasa total o parcialmente su explotación a otra persona, ésta podrá continuar con la solicitud de asesoramiento en dicha entidad colaboradora durante el periodo que quede por cumplir, debiendo para ello comunicar la modificación de esta solicitud.

2. Las solicitudes de modificación deberán dirigirse al Director General competente en la materia utilizando el modelo establecido al efecto en la orden de convocatoria.

Únicamente serán tenidas en cuenta las solicitudes efectuadas con anterioridad a que concluya el plazo de modificaciones de la "Solicitud Conjunta" de las ayudas de la Política Agrícola Común de la campaña agrícola para la que se solicita el asesoramiento, o en caso de que la resolución de concesión se emita con anterioridad a esta fecha, la fecha en la que se produzca dicha comunicación.

3. En los casos en que el que recibe la explotación ya sea solicitante de asesoramiento, esta comunicación supondrá la modificación de los cultivos y las superficies solicitadas inicialmente.

Artículo 14. Instrucción.

1. La instrucción del procedimiento corresponderá al Centro de Sanidad y Certificación Vegetal del Servicio de Recursos Agrícolas.

2. El órgano instructor podrá requerir de los solicitantes de la subvención y de las entidades colaboradoras cuantas aclaraciones y ampliaciones de información sean precisas para la adecuada tramitación del procedimiento y, en general, cuantas actuaciones considere necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe dictarse resolución.

Artículo 15. Resolución.

1. La Dirección General competente, resolverá las solicitudes de subvención en el plazo máximo de seis meses, contados a partir de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

2. La resolución se motivará conforme a los requisitos establecidos en esta orden, debiendo quedar acreditados los fundamentos de la resolución.

3. Transcurrido el citado plazo máximo sin que se haya notificado resolución expresa, el solicitante podrá entender desestimada su solicitud de subvención, por silencio administrativo, de conformidad con lo previsto en el artículo 20 del Decreto 136/2013, de 30 de julio.

Artículo 16. Modificación de la resolución.

1. La alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención o su falseamiento, la obtención de otras aportaciones concurrentes, la propia solicitud del interesado si en este caso no desvirtúa el procedimiento de concesión y, siempre que no se dañe a terceros, así como el resto de supuestos previstos en el ordenamiento que sean de aplicación, podrán dar lugar a la modificación de la resolución.

2. La modificación de la resolución, se efectuará previa audiencia al interesado cuando ello resulte procedente conforme a lo previsto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 17. Información y publicidad.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la Dirección General publicará las subvenciones concedidas que sean de cuantía igual o superior a 3.000 euros en el "Boletín Oficial de Aragón", y en la página web del Gobierno de Aragón (http://www.aragon.es). En caso de que las subvenciones sean de cuantía inferior a 3.000 euros la publicidad se hará en la citada sede electrónica.

2. En la publicación se indicará la convocatoria, el programa y el crédito presupuestario al que se imputen las subvenciones, la entidad colaboradora, la cantidad concedida a la entidad y los fines de la subvención.

Artículo 18. Obligaciones específicas del beneficiario.

Los beneficiarios de la subvención asumen con respecto a la medida objeto de subvención las siguientes obligaciones y compromisos:

a) Estar sometidos al control financiero de la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, estando obligados a prestar la debida colaboración y apoyo a los funcionarios encargados de realizar el control financiero, aportando y facilitando la información sobre la gestión que se considere necesaria.

b) Facilitar a la administración, tanto autonómica, estatal o europea, la información que esta solicite sobre la actuación subvencionada, conforme al artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

c) Comunicar al Departamento competente en materia agraria la solicitud, concesión o pago de otras ayudas económicas para las actuaciones subvencionadas, en virtud de la presente orden.

Artículo 19. Forma de justificación.

1. La justificación del cumplimiento de la realización de la actividad subvencionada y del cumplimiento de las condiciones impuestas en el acto de concesión de la subvención, se documentará mediante una relación documentada que acredite los gastos realizados y sus correspondientes pagos.

2. La justificación comprenderá la acreditación del importe, procedencia y aplicación de los fondos propios o de otras subvenciones o recursos a las actuaciones financiadas.

3. La entidad colaboradora deberá aportar junto con el modelo que se determine en la convocatoria, los siguientes documentos:

a) Una memoria explicativa firmada por el presidente de la entidad y por el técnico responsable del asesoramiento, cuyo contenido se ajustará a lo señalado en el anexo II en la que se justifique el asesoramiento técnico prestado a los beneficiarios.

b) Copia del contrato o contratos suscritos con los técnicos que reúnan los requisitos señalados en el apartado 2b del artículo 6.

c) Declaración de la entidad colaboradora de no haber obtenido otra ayuda que sea incompatible con la subvención concedida.

d) Declaración responsable del presidente de la entidad colaboradora y del técnico responsable del asesoramiento en la que se indique que los beneficiarios han satisfecho las cuotas necesarias para el mantenimiento de la entidad o en el caso de los no afiliados que han realizado el pago del coste objetivo del servicio y que han recibido el asesoramiento preciso en materia de sanidad vegetal y gestión integrada de plagas.

e) Justificación documental mediante facturas o certificaciones de los gastos que la ejecución de las actividades subvencionables han conllevado a la entidad colaboradora.

f) Cualquier otro que así venga exigido en la orden de convocatoria de las subvenciones.

4. La justificación se efectuará en el plazo que concrete la convocatoria y conforme a lo determinado en el artículo 27 del Decreto 136/2013, de 30 de julio. En caso necesario, la justificación del pago de las nóminas de noviembre y diciembre y los seguros sociales de octubre, noviembre y diciembre del personal técnico contratado por la entidad colaboradora se efectuará mediante certificado del Presidente o Secretario de la entidad colaboradora, en el que conste el pago pendiente de abono por dichos conceptos así como el compromiso de su pago y de la aportación de los justificantes correspondientes antes del 15 de febrero del año siguiente.

5. El plazo previsto en el punto anterior podrá ser objeto de prórroga previa solicitud motivada presentada por la entidad colaboradora, dirigida al Director General competente en la materia, debiendo ser solicitada la prórroga y autorizada la misma antes de la terminación del plazo de justificación. No obstante, cuando las condiciones de ejecución así lo requieran, se podrá extender el plazo límite para la rendición de cuentas en la propia resolución de otorgamiento de la subvención.

6. Conforme a lo que se determine en la convocatoria, la falta de justificación, así como la justificación de la ejecución de la actividad subvencionable en un porcentaje inferior al 50% podrá impedir el acceso a la subvención en las dos convocatorias posteriores, sin perjuicio de que, si procede, se inicie el correspondiente procedimiento sancionador por infracción en materia de subvenciones.

Artículo 20. Comprobación.

La Dirección General comprobará la adecuada justificación de la subvención, así como de la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la concesión de la subvención.

Artículo 21. Pago de las subvenciones.

1. El pago de la subvención se efectuará a la entidad colaboradora cuando ésta haya acreditado el cumplimiento de la finalidad para la que fue otorgada la subvención y haya justificado la realización de las actividades subvencionables que había aceptado efectuar en las solicitudes presentadas por los beneficiarios de las subvenciones, siendo el pago proporcional a la cuantía justificada.

2. A los efectos del pago deberá constar en el expediente certificado expedido por la Dirección General competente, en el que conste la adecuada justificación de la subvención y que concurren los requisitos para proceder al pago.

3. La Dirección General competente indicará a los interesados, los medios de que disponen para que puedan proceder a la devolución voluntaria de la subvención, entendiendo por ésta la que se efectúa sin previo requerimiento de la Administración.

Artículo 22. Controles.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto 136/2013, de 30 de julio, el Departamento competente en materia agraria efectuará las actuaciones necesarias para controlar el cumplimiento por los beneficiarios de los compromisos y obligaciones que hayan asumido.

2. Las actividades de control comprenderán tanto controles administrativos como inspecciones sobre el terreno.

3. Todos los controles realizados deberán constar en el correspondiente expediente en el que se reflejará la información sobre los resultados de los controles, tanto administrativos como sobre el terreno, de modo que quede documentado que la subvención se ha otorgado correctamente y se han cumplido las exigencias establecidas en la normativa comunitaria.

Artículo 23. Recuperación de pagos indebidos.

1. En los supuestos de incumplimiento de las obligaciones a que viene sujeto el beneficiario, o en su caso la entidad colaboradora, de incumplimiento de las obligaciones de justificación, así como en los supuestos de nulidad del acuerdo de concesión procederá, bien el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente, bien la pérdida del derecho al cobro de la subvención concedida.

2. El procedimiento se iniciará de oficio mediante resolución del Director General competente, que en su caso concretará la continuación o suspensión de las medidas cautelares que en su caso se hubieran impuesto.

3. En la tramitación del procedimiento se estará a los artículos 36 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 32 del Decreto 136/2013, de 30 de julio, garantizándose, en todo caso, el derecho del interesado a la audiencia.

4. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total de la actividad y se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, el importe a percibir, o, en su caso, la cuantía a reintegrar se determinará, previo informe del Centro de Sanidad y Certificación Vegetal, atendiendo al principio de proporcionalidad y a los siguientes criterios:

El grado de cumplimiento de la finalidad que determinó la concesión de la subvención.

El importe de la subvención efectivamente aplicado a la actuación subvencionada.

El nivel o número de fases o periodos ejecutados, en aquellos supuestos en los que la ejecución de la actuación subvencionada tuviese un carácter periódico.

Cualquier otro criterio que deba ser apreciado según las circunstancias del caso concreto y la naturaleza de la subvención.

5. La resolución que ponga fin al procedimiento de reintegro o que declare la pérdida del derecho al cobro de la subvención concedida, pondrá fin a la vía administrativa y se dictará por la Dirección General competente, en el plazo máximo de 12 meses desde la fecha del acuerdo de inicio, y contendrá, como mínimo, los siguientes aspectos:

a) La identificación del sujeto obligado al reintegro.

b) Las condiciones u obligaciones objeto de incumplimiento.

c) El importe de la subvención a reintegrar, junto a los correspondientes intereses de demora.

6. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior sin que se haya notificado resolución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento, procediéndose a la conclusión del procedimiento y al archivo de las actuaciones administrativas mediante la correspondiente resolución.

Disposición adicional primera. Registro de la información relativa a la aplicación del Reglamento (CE) n.º 702/2014, de la Comisión, de 25 de junio de 2014

Con objeto de garantizar la transparencia y un control eficaz de la concesión de las subvenciones reguladas en esta orden, y con arreglo al artículo 13 del Reglamento (CE) 702/2014, de la Comisión, de 25 de junio de 2014, la Dirección General mantendrá actualizado durante diez años, a partir de la fecha de su concesión, un registro de la información relativa a las subvenciones otorgadas que incluirá los siguientes datos:

a) CIF/NIF y nombre del beneficiario.

b) CIF/NIF y nombre de la entidad colaboradora.

c) Localización de la actuación: municipio.

d) Organismos financiadores.

e) Fecha de la resolución de pago.

f) Importe del pago efectuado.

Disposición adicional sagunda. Modificación de la Orden de 8 de abril de 2002, del Departamento de Agricultura, por la que se regula el reconocimiento como agrupación para tratamientos integrados en agricultura (ATRIAS).

Las superficies máximas del anexo II de la Orden de 8 de abril de 2002, del Departamento de Agricultura, por la que se regula el reconocimiento como agrupación para tratamientos integrados en orden, que se sustituyen por las del anexo I de la presente orden.

Disposición degoratoria única. Cláusula derogatoria.

1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual rango se opongan o contradigan a lo previsto en esta orden.

2. Queda derogada la Orden de 25 de septiembre de 2007, del Departamento de Agricultura y Alimentación, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para la prestación de apoyo técnico al sector agrícola en materia de sanidad vegetal y lucha integrada contra las plagas

Disposición final primera. Adaptación de cuantías económicas.

La cuantía que se indica en el artículo 9.3 y 9.5 podrán ser modificadas en la orden de convocatoria correspondiente en función de la mayor o menor demanda de asistencia técnica existente en ese momento y de la evolución de los costes.

Disposición final segunda. Plazo de aplicación.

El sistema de ayudas establecido en esta orden se aplicará como máximo hasta el 31 de diciembre de 2020, pudiéndose prorrogar, en el caso de que se establezca así en la correspondiente normativa comunitaria.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial de Aragón".

Zaragoza, 24 de febrero de 2015.

El Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,

MODESTO LOBÓN SOBRINO