El Departamento de Economía, Planificación y Empleo ha recibido comunicación de la convocatoria de huelga continuada en la empresa Zardoya Otis SA por parte del Sindicato de la Elevación (S.E.), para los días 28 de diciembre de 2021 hasta el día 3 de enero de 2022, ambos inclusive, de 0 a 24 horas y que afecta a "todos los centros del estado español", estando convocados todo el personal de la empresa.

Zardoya Otis SA se configura como una entidad mercantil dedicada a la fabricación, instalación, mantenimiento preventivo y correctivo de aparatos elevadores y escaleras mecánicas y atención de avisos de ascensores parados y emergencias.

El artículo 28.2 de la Constitución española proclama el derecho a la huelga como un derecho de carácter fundamental en los siguientes términos: "Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad".

En este tipo de conflictos es necesario conciliar el derecho fundamental de huelga con los derechos también fundamentales de los ciudadanos, siguiendo criterios de proporcionalidad en los sacrificios impuestos a ambas partes.

La doctrina del Tribunal Constitucional sobre el ejercicio del derecho de huelga y sus limitaciones ha señalado que la noción de servicios esenciales hace referencia a la naturaleza de los intereses a cuya satisfacción la prestación se endereza. En consecuencia, ninguna actividad productiva en sí misma puede ser considerada esencial. Sólo lo será en aquellos casos en que la satisfacción de los mencionados bienes e intereses exija el mantenimiento del servicio y en la medida y con la intensidad que lo exija, puesto que los servicios esenciales no quedan lesionados o puestos en peligro por cualquier situación de huelga, siendo necesario examinar en cada caso las circunstancias concurrentes en la misma (SCT 26/1981, de 17 de julio, Fundamento Jurídico 10.º ).

En el presente supuesto, en atención a la naturaleza de la actividad que se desarrolla, se presta una especial atención a los servicios asistenciales protegidos constitucionalmente en el artículo 50 de la Constitución que señala que "Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio".

El párrafo segundo del artículo 10 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, atribuye a la autoridad gubernativa la competencia para acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios públicos, cuando la huelga se declare en empresas encargadas de la prestación de este tipo de servicios; competencia que, de acuerdo con la interpretación de este precepto efectuada por el Tribunal Constitucional, ha de entenderse atribuida al Gobierno de Aragón en virtud de las competencias asumidas en su Estatuto de Autonomía. Según expresamente se recoge en la Sentencia 53/1986, "La facultad de mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad queda así reservada a los órganos de gobierno del Estado, reserva que se convierte en una garantía de los ciudadanos".

De este modo, y conforme a las competencias previstas en el artículo 71.1.48.ª que atribuye a la Comunidad Autónoma las competencias exclusivas en materia de "Industria, salvo las competencias del Estado por razones de seguridad, sanitarias o de interés de la Defensa", así como de acción social, comprensiva de "la ordenación, organización y desarrollo de un sistema público de servicios sociales que atienda a la protección de las distintas modalidades de familia, la infancia, las personas mayores, las personas con discapacidad y otros colectivos necesitados de protección especial", y vista la propuesta de servicios mínimos plateada por el Comité de Huelga, por parte del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial y por parte del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, se ha procedido a la valoración y ponderación de los bienes o derechos afectados, el ámbito personal, funcional o territorial de la huelga, su duración y resto de circunstancias, tal y como viene reconociendo la reiterada jurisprudencia sobre la materia.

En su virtud, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, y con lo determinado en el Acuerdo de 9 de mayo de 2017, del Gobierno de Aragón, por el que se delegan la competencias para la determinación de los servicios mínimos en la prestación de servicios esenciales para la comunidad, dentro del ámbito territorial de Aragón, en el caso de huelga de personal laboral de empresas, entidades o instituciones privadas, y a la vista de los informes emitidos por el Secretario General Técnico de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial y por parte de la Secretaria General Técnica del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, previa audiencia al Comité de Huelga, acuerdo:

Primero.- Establecer los servicios mínimos como garantía del mantenimiento de los servicios esenciales para la Comunidad Autónoma, durante el tiempo al que se extiende la huelga convocada en la empresa Zardoya Otis SA para los días 28 de diciembre de 2021 hasta el día 3 de enero de 2022, ambos inclusive, de 0 a 24 horas. Los servicios mínimos quedan determinados del siguiente modo:

1. Con carácter general:

Se efectuará la prestación del servicio correspondiente a un día festivo, exceptuando aquellos centros donde la plantilla sea igual a la de los días laborales, en que pasará a ser del 50% (en situación de número impar se redondeará el personal de servicio por exceso), debiendo garantizarse las siguientes actuaciones:

Atención de emergencias, como accidentes, rescate de personas atrapadas en la cabina, o para la interrupción del servicio del aparato cuando se aprecie riesgo de accidentes.

Atención de avisos de parada cuando esa situación deje sin medios de transporte vertical a todo el edificio o parte de un edificio si no existe posibilidad, en la misma planta de uso de otro ascensor.

Atención de avisos que pongan en riesgo la salud de las personas en centros sanitarios, asistenciales y residencias de la tercera edad.

Para el mantenimiento de dichos servicios mínimos, las empresas pondrán en operación los equipos e instalaciones que se consideren estrictamente necesarios, determinando, con carácter estricto y oídos los representantes de los trabajadores, el personal necesario para la cobertura de tales servicios mínimos

2. Con carácter particular:

Para garantizar la cobertura de todas las situaciones de emergencia derivadas del atrapamiento de personas o de riesgo para la salud, así como los trabajos de reparación y puesta en funcionamiento de los elevadores imprescindibles para la prestación de servicios en los centros asistenciales, en atención al carácter especialmente vulnerable de las personas en situación de dependencia y personas de edad avanzada, teniendo en cuenta la larga duración de la huelga convocada, en concreto se considera necesario fijar como servicios mínimos esenciales durante el periodo de huelga, los siguientes:

Sede del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, Gerencia y Dirección Provincial del Instituto Aragonés de Servicios Sociales: igual personal que un festivo

Residencia Personas Mayores Javalambre en Teruel, Hogares de mayores de Andorra, Turia, Alcañiz, Calamocha y Residencia del Tiempo libre de Orihuela: por el doble de personal que un festivo

Residencia Personas Mayores Romareda en Zaragoza: por el doble de personal que un festivo.

Segundo.- El cese y las alteraciones en la prestación de los servicios esenciales serán objeto de sanción, de conformidad con la normativa vigente.

Tercero.- Lo dispuesto en la presente orden no supondrá limitación alguna de los derechos que la normativa reguladora de la huelga reconoce al personal en dicha situación no empleado en la cobertura de los servicios esenciales establecidos, ni tampoco afectará a la tramitación o efectos de las peticiones que motivan la huelga.

Cuarto.- Esta orden estará en vigor el mismo día de la huelga.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el artículo 60 de la Ley 5/2021, de 29 de junio, de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

Zaragoza, 22 de diciembre de 2021.

La Consejera de Economía, Planificación y Empleo

(PD el Acuerdo de 9 de mayo de 2017, del Gobierno de Aragón),

MARTA GASTÓN MENAL