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EDICTO del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección Primera, en el procedimiento ordinario 426/2020.

Publicado el 16/02/2021 (Nº 33)
Sección: IV. Administración de Justicia
Emisor: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGÓN

Texto completo:

Se hace saber, para conocimiento de las personas a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto administrativo impugnado y de quienes tuvieran interés directo en el mantenimiento del mismo, que por José Alberto Ruiz Ferrer, Ángel Garces Doz, Diego Ostáriz Fernández, Javier Atanes Doral, María Carmen Pascualena Martinicorena, Wilfrid Jean Charles Moulin, Francisco Enrique Brito Evora, Blanca Beatriz Gotor Labay, Daniel Alexandre Pérez Mosquera y Manuela Cebamanos Gómez se ha formulado recurso contencioso-administrativo contra el Decreto de 27 de noviembre de 2020, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se establecen medidas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón en el marco de lo establecido en Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 y en el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de alarma.

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que con arreglo a los artículos 49 y 50 en relación con el 21 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, puedan comparecer como codemandados en el indicado recurso quienes tengan interés legítimo en sostener la conformidad a Derecho de la disposición, acto o conducta impugnados, debiendo personarse, en el término de quince días representados por Procurador y asistidos por Abogado, pudiendo, no obstante, comparecer por sí mismos los funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios, cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de dicha Ley.

Zaragoza, 5 de febrero de 2021.- El Letrado de la Administración de Justicia, María Pía Lardiés Porcal.