La Sentencia, de 10 de mayo de 2007, del Tribunal Supremo, dictada en el recurso de casación 545/2002 interpuesto contra la sentencia de 23 de noviembre de 2001 de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, anula las resoluciones administrativas que decidieron la exclusión de D.ª María del Carmen Salas Lisbona del proceso selectivo convocado por la Diputación Provincial de Zaragoza para la provisión de doce plazas de Ayudante Técnico Sanitario (Bases de la convocatoria publicadas en el "Boletín Oficial de la Provincia", número 236, de 11 de octubre de 1996, y "Boletín Oficial del Estado", número 278, de 18 de noviembre de 1996), reconociendo el derecho de la interesada a figurar en la relación de aspirantes que aprobaron la oposición litigiosa y, en el caso de cumplir con las formalidades y requisitos subsiguientes a dicha oposición, el derecho a ser nombrada en los mismos términos que lo fueron los otros aspirantes que también resultaron aprobados.

Por Auto de 17 de octubre de 2012, del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, dictado en la pieza de ejecución número 14/12C, se declara la competencia de la Diputación General de Aragón para dar cumplimiento a la referida sentencia.

Por lo expuesto y en virtud de la competencia atribuida por el artículo 3.3 k) del Decreto 208/1999, de 17 de noviembre, de competencias en materia de personal, y artículo 2 b) del Decreto de 22 de julio de 2011, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por el que se asignan las competencias a los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, a propuesta de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, este Departamento dispone:

Primero.- Nombrar funcionaria del Cuerpo de Funcionarios Técnicos, Escala Técnica Sanitaria, Ayudantes Técnicos Sanitarios de Atención Especializada, a D.ª María del Carmen Salas Lisbona, adjudicándole como primer destino un puesto de la plantilla del Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza.

Segundo.- Para adquirir la condición de funcionaria de carrera, la interesada deberá acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Aragón, según la fórmula aprobada por Orden de 19 de noviembre de 1986, del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, por la que se dictan normas en relación con los nombramientos de funcionarios de carrera de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, publicada en el "Boletín Oficial de Aragón", número 120, de 1 de diciembre de 1986.

Asimismo, deberá realizar la declaración a que se refiere el artículo 13 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del personal al servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los Entes, Organismos y Empresas dependientes o, en su caso, la opción o la solicitud de compatibilidad contempladas en el artículo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

La toma de posesión en el puesto de trabajo adjudicado habrá de efectuarse en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente orden en el "Boletín Oficial de Aragón", a cuyo efecto los órganos correspondientes del Departamento de destino formalizará las pertinentes diligencias. A efectos retributivos será de aplicación lo dispuesto en la vigente Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Tercero.- Efectuada la toma de posesión en el puesto se otorgarán efectos retroactivos a la misma, tanto económicos como administrativos, a fecha 20 de abril de 1998. Para el cálculo de los derechos económicos deberá tenerse en cuenta la actividad laboral desempeñada por la interesada en el referido periodo.

La presente orden pone fin a la vía administrativa y podrá ser recurrida, potestativamente, en reposición ante el mismo órgano que la dicta, en el plazo de un mes computado a partir del día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial de Aragón", de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

También podrá ser impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Zaragoza, 7 de julio de 2014.

El Consejero de Hacienda y Administración Pública,

JAVIER CAMPOY MONREAL