No habiendo sido posible realizar la notificación personal y preceptiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se efectúa pública notificación al interesado que en anexo se indica del acuerdo de iniciación de expediente sancionador por supuesta infracción de la Ley 10/1992, de Fianzas de arrendamientos y otros contratos.

Podrá tener conocimiento íntegro del acto en las oficinas de la Subdirección Provincial de Vivienda de Huesca, sita en la plaza Cervantes, n.º 1, 1.º izqda. de Huesca, disponiendo de un plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio para formular alegaciones, presentar documentos y, en su caso, proponer prueba, concretando los medios de que pretenda valerse.

De no efectuar alegaciones en el citado plazo, la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución, con los efectos previstos en los artículos 13 y 16 del Decreto 28/ 2001, de 30 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón.

El plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar la resolución es de seis meses contados desde la fecha de su iniciación. Si transcurrido dicho plazo no hubiese recaído resolución, teniendo en cuenta las posibles interrupciones de cómputo por causas imputables a los interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refieren los artículos 12 y 15 del citado Decreto 28/ 2001, de 30 de enero, se producirá la caducidad de las actuaciones.

Huesca, 15 de marzo de 2013.- La Directora General de Vivienda y Rehabilitación, por delegación de firma (Resolución de 9 de febrero de 2012), la Subdirectora Provincial de Vivienda, Ana Isabel Ordás Esco.

Anexo:

Expediente: 22/SF/02/2013.

Interesado: David Subirá Español.

Precepto infringido: Artículo 18.2.a de la Ley 10/1992, de 4 de noviembre, de Fianzas de arrendamientos y otros contratos, de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción, podrá ser sancionado como responsable de una infracción administrativa grave con multa de 300,51 a 3.005,06 euros.