No habiendo sido posible notificar la resolución recaída contra las personas o entidades que se detallan en anexo en los expedientes que así mismo se indican, se procede a su notificación conforme determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, haciendo constar:

1.º Resuelvo desestimar la reclamación por responsabilidad patrimonial de la administración sanitaria presentada por Dña. Rocío Sanchez Antoñanzas.

Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo correspondiente en el plazo de 2 meses contados a partir del día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, todo ello sin perjuicio de la posibilidad de interponer previamente recurso potestativo de reposición ante el Consejero de este Departamento, de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Dentro de dicho plazo el expediente permanecerá a disposición de los interesados en este Servicio Provincial, P.º María Agustín, 16, Zaragoza, que podrán tomar vista del mismo, solicitándolo en su debida forma.

Zaragoza, 1 de diciembre de 2014.- El Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia. P.D. El Director del Servicio Provincial de Sanidad, Bienestar Social y Familia. (Orden de 24 de marzo de 2014), José Antonio Amigot Lázaro.

Anexo:

Expediente: 50/079/13.

Fecha: 10 de noviembre de 2014.

Nombre: Dña. Rocío Sanchez Antoñanzas.

Población: Zaragoza.

Provincia: Zaragoza.

Normativa: Artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial.